Aprovechando que el compañero José
María estuvo explicando la inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de
obra en su anterior entrada, considero conveniente traer nuevamente a colación la
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria para recalcar otro
apartado de la misma que ha revolucionado las asesorías y que todavía a día de
hoy, genera encendidos debates (y que yo misma he presenciado).
Y es que en su artículo 7 se ha
querido limitar los pagos en efectivo al señalar que; "no podrán pagarse en efectivo las
operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de
empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2500 euros o su
contravalor en moneda extranjera". Seamos claros, lo que viene a
decir la Ley es
que si la operación (bien sea entrega de bienes o prestación de servicios)
supera los 2.500 euros, deberá ser abonada mediante transferencia, cheque
nominativo (nada de cheque al portador) y/o tarjeta de crédito. Por tanto, se
acabó la compra de una tv de plasma, muebles u otros productos en conocidos
almacenes que superen dicho importe en famosa "toca teja",
debiendo pagarse únicamente mediante
los referidos medios.
Algunos pícaros ya han pensado en
el "fraccionamiento" del pago del producto o servicio pero para ello ya se ha encargado de ser clara la Ley al establecer en su
apartado segundo del mismo artículo 7 que "a efectos de las cuantías señaladas (refiriéndose a los 2500 euros), se
sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido
fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios". No
obstante, si estáis interesados en el tema, os recomiendo que les echéis un
vistazo a las consultas ya resueltas por la Agencia Tributaria
entre las que se encuentran:
- Qué ocurre cuando se realizan
varias operaciones que individualmente no superan los 2.500 € pero que al
documentarlas en una factura recapitulativa mensual si que supera dicho
importe. Informa 132775.
- Para el caso en el que una operación supere el referido importe de 2500 euros pero se paga parcialmente mediante transferencia y el resto en
efectivo. Informa 132780.
- Y para mi, la más consultada, releída y comentada con los compañeros; las operaciones continuadas o de tracto
sucesivo.
He oído diversas opiniones de varios profesionales y hasta el momento continúan siendo dispares
las interpretaciones de algunos de ellos al considerar que la limitación afectaba
a las operaciones globalmente consideradas en el período de un año. Es decir,
consideran que la limitación afecta no sólo a una factura “puntual” que pueda
superar dicho importe, sino que se tienen en cuenta la suma de los importes de
todas las facturas de un mismo cliente a lo largo de un año. Pero… ¿es ésta
realmente la intencionalidad de la
Ley? La consulta del Informa
número 132774 parece aclararnos algunos conceptos.
Se expone el siguiente supuesto:
“Un empresario recibe género semanalmente de
un proveedor con el que tiene un contrato de suministro de material, en el que
se establece que la facturación, liquidación y pago de los suministros se debe
efectuar mensualmente. La última factura mensual emitida asciende a 4.000
euros. Asimismo, el empresario firmó un contrato de arrendamiento del local por
un periodo de tres años, por el que abona 2.000 euros mensuales. Se plantea si
estas operaciones se encuentran sometidas a las limitaciones a los pagos en
efectivo”.
La respuesta de la Agencia Tributaria
ha sido la siguiente:
“A efectos de la cuantificación de los importes de las operaciones,
la Ley 7/2012 se
refiere a operaciones o pagos (como el art. 7.Uno.2). Con carácter general la
cuantía de ambos conceptos coinciden. Pero en el caso de contratos de tracto
sucesivo, la operación se desarrolla de forma continua en un período más o
menos largo al que se refiere el contrato. En este caso no deben sumarse todas
las operaciones facturadas en el año o durante la vigencia del contrato de
suministro, ni tampoco debe acudirse a la materialidad de las entregas. La
determinación de la cuantía se realiza en función de la facturación y cobro de
estas operaciones. Por ello, en estos casos se debe acudir al pago de estas
entregas o prestaciones.
La periodicidad de la facturación, liquidación y pago de
los suministros pagos deberá coincidir con la establecida en el contrato. La
aplicación de las limitaciones a los pagos en efectivo no se verá impedida como
consecuencia de los fraccionamientos del pago por periodos inferiores al
establecido en el contrato, por la imputación de cantidades que deben
liquidarse en un ejercicio a otro distinto con la finalidad de no superar la
cuantía de la limitación, ni por cualquier otro ajuste que pretenda la
modificación artificial de los pagos periódicos.
En el caso planteado, el pago de la factura de suministro
que asciende a 4.000 euros no se puede pagar en efectivo, mientras que si
podría pagarse en efectivo el alquiler por importe de 2.000 euros”.
En definitiva, en las relaciones
de suministro continuado, y salvo mejor opinión, habrá que estar a lo pactado (facturación
mensual, quincenal o incluso diaria) demostrable en cada caso concreto que haga prueba
de que es la costumbre de dicha empresa y en consecuencia, éste será el
criterio que marque la limitación de los pagos en cada factura. Por otro lado, en los contratos de
arrendamiento dicha limitación se computará mensualmente, no sumándose el
importe total de todo el período del contrato a efectos de la citada limitación.
Finalmente recordar que el citado artículo, que entró en
vigor el pasado 19 de noviembre 2012, es de aplicación para todos los pagos que se
realicen a partir de ese día, contemplando sanciones tanto para las personas o
entidades que paguen como las que reciban cantidades en efectivo incumpliendo
la limitación de 2.500 euros (Art. 7.Dos. 2 de la Ley), por lo que habrá que
estar alerta en no hacer caso omiso a la señalada limitación.
No obstante, os animo a que, en aras
de rizar más el rizo (lo cual me encanta) y siendo la casuística tan diversa,
propongáis vuestro caso en este foro, que recordemos que está abierto para
debatir.
Ana Vidal Albert
Abogada en Asesoria de Empresas Sart & Tade
